Entidades no podrán vincular a quienes ya tienen otros contratos de prestación de servicios en el Secop

A través de una directiva, la Presidencia de la República impartió instrucciones a las diferentes entidades de la Rama Ejecutiva con el objetivo de garantizar un gasto público más eficiente.

Las medidas están relacionadas con la contratación pública, los gastos de funcionamiento e inversión y la transparencia en los procesos, fueron expedidas con el fin de “fortalecer la racionalización, la probidad y la eficiencia del gasto público, en desarrollo de los principios que rigen la función pública”.

Optimización de recursos en la contratación pública

El primer tema que trata la disposición está relacionado con la realización de contratos de prestación de servicios, estipulando que las entidades públicas solo podrán celebrar este tipo de contratos para apoyo a la gestión cuando sea estrictamente necesario, teniendo en cuenta el volumen del trabajo que tenga a su cargo el personal de planta o la necesidad de conocimientos especializados. (Lea: Mintrabajo entrega recomendaciones para presentar informes de ejecución de contratos de prestación de servicios)

Así mismo, asegura que las entidades públicas no podrán justificar la celebración de estos contratos por insuficiencia de personal de planta para evacuar el respectivo trabajo cuando sean suscritos con personas naturales que ya tienen otros contratos de prestación de servicios con entidades públicas, lo cual deberá ser verificado previamente en la plataforma del SECOP.

Por otro lado, se hace referencia a la racionalización de la contratación de estudios o diseños, ya que antes de realizar este proceso se ordena a cada entidad verificar si ya se cuenta con algún estudio sobre el tema o similar y su viabilidad de aplicarlos total o parcialmente en el proyecto a realizar.

Al igual, el Gobierno les recuerda a todas las entidades que manejan recursos públicos que “están en la obligación de publicar en el SECOP los contratos que celebren y sus modificaciones, y también toda la información de la ejecución contractual, incluyendo los informes periódicos de interventorías y supervisión”. (Lea: Función Pública inicia proceso para formalizar contratos de prestación de servicios)

En cuanto a las medidas contra la afectación de la competencia en los procesos contractuales, se estipula que en los pliegos de condiciones las entidades deberán exigir a los oferentes que no subsanen sus ofertas, justifiquen la razón por la cual no lo hicieron y el caso deberá ser trasladado a la Superintendencia de Industria y Comercio para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Austeridad en gastos de funcionamiento e inversión

Teniendo en cuenta la prohibición de indemnizaciones por vacaciones, los jefes de talento humano se encargarán de la planeación de los periodos de disfrute de vacaciones de todo el personal de planta desde el inicio de cada anualidad, y propenderán por el cumplimiento del mismo. (Lea: Vacaciones remuneradas para contratistas plantean al Congreso)

En lo referente a los viáticos, las entidades deberán, por lo menos trimestralmente, planear los viajes que sean necesarios realizar, los cuales deberán estar debidamente justificados, especificando la razón de la no utilización de medios virtuales, detallando las fechas de los mismos y procurando aprovechar los viajes a una zona, para visitar todos los proyectos o las obras que sea necesario recorrer o verificar en ese punto. Es importante mencionar que dichos tiquetes siempre deberán ser generados en clase económica.

A partir de la fecha, el Gobierno prohibió el uso de recursos públicos, o de créditos multilaterales o recursos de proyectos de inversión, para eventos de publicidad o publicaciones de tipo promocional.

La disposición asegura que las entidades evaluarán la viabilidad de implementar dispositivos tecnológicos como cámaras, alarmas, entre otros, con el fin de reducir los gastos en los contratos de vigilancia.

Medidas para promover la transparencia en la gestión

Finalmente, se plantean diferentes medidas encaminadas a una mejor conexión y atención con la ciudadanía, entre ellas la habilitación y utilización de canales “especiales y amigables” para la denuncia de temas relacionados con presuntos hechos de corrupción y la automatización de los diferentes trámites de las entidades públicas a través de sus páginas web.

Es importante mencionar que el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública serán los encargados de realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas anteriormente indicadas, las cuales serán evaluadas para medir sus efectos.